La actitud de la CRE al no otorgar nuevos permisos para Estaciones de Servicio refleja un entorno regulatorio más estricto, donde la evaluación de impacto social y el cumplimiento normativo son fundamentales.
La reciente actividad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha generado incertidumbre en el sector de combustibles líquidos, especialmente en torno a la emisión de nuevos permisos. Durante noviembre, se celebraron dos sesiones del Órgano de Gobierno de la CRE, un hecho inusual que podría indicar un aumento en la actividad regulatoria. Sin embargo, la tendencia es clara: hay una estricta negativa a otorgar nuevas autorizaciones, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la industria.
En conversación con Surtidores Latam, Luis Omar Guzmán Juárez, experto en regulaciones energéticas, explicó que en los últimos dos meses, solo se aprobaron tres permisos, reflejando un proceso cada vez más riguroso. «Este no es solo un tema técnico; ahora, las solicitudes deben cumplir con exigencias adicionales, como la evaluación de impacto social (EvIS), un requisito que debe ser aprobado por la Secretaría de Energía (SENER). La autoridad ha sido clara en que sin este requisito, no habrá nuevas autorizaciones», detalló Guzmán Juárez.
Esta evaluación adquiere mayor relevancia debido a la reciente reforma constitucional del artículo 2 de la Constitución, que otorga el derecho a la autodeterminación y la protección de sus patrimonios culturales, sociales y ambientales. «No estamos hablando de simples formalidades. Las comunidades tienen ahora más poder para decidir sobre los proyectos que afectan sus territorios, y esto complica las cosas para los empresarios del sector», añadió.
A pesar de que la CRE ha implementado planes y facilidades para regularizar permisos, Guzmán Juárez señaló que muchas compañias no se han alineado con las nuevas disposiciones. «La realidad es que algunos no han comprendido la importancia de cumplir con los nuevos lineamientos. La CRE no solo está revisando la documentación técnica, sino también la solidez legal y social de cada proyecto», afirmó.
En este contexto, una infracción común es la modificación de la estructura accionaria mediante la incorporación de nuevas entidades jurídicas, una práctica que requiere autorización previa de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y notificación a la CRE.
«Algunas empresas creen que pueden evitar las regulaciones cambiando su estructura interna, pero esto no solo es ilegal, sino que pone en riesgo toda la planificación», puntualizó.
Otra preocupación creciente es la cantidad de permisos con estatus de «terminado». Guzmán Juárez explicó que, en muchos casos, las terminaciones anticipadas son estrategias para cambiar la titularidad de la autorización, pero han resultado infructuosas. «Estas estrategias no solo no funcionan, sino que dejan activos congelados y generan malestar. Es un riesgo que muchos no han sabido manejar», advirtió.
Con el fin del año próximo, surge la especulación sobre una posible emisión masiva de permisos. No obstante, la situación sigue siendo incierta. El especialista concluyó que las empresas deben cumplir con requisitos estrictos establecidos por la normativa vigente, que derivan en gran parte de la reforma energética de 2013. «La regulación no va a flexibilizarse. Las empresas deben entender que el cumplimiento no es opcional, y que la relación con las comunidades es uno de los ejes para obtener cualquier permiso en el futuro», enfatizó.
Fuente: Surtidores LATAM